La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció que tiene pensado cobrar impuestos a quienes operan con monedas digitales, por lo que los monederos locales tienen obligación de informar al organismo y sus usuarios pueden ser detectados.
A mitad de mes el ente de control realizó una serie de inspecciones en granjas de criptominería ubicadas en cuatro provincias: Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Santa Fe y encontró irregularidades en todos los establecimientos.
El organismo que conduce Carlos Castagneto, relevó que existían irregularidades en la documentación relacionada con la importación de los equipos e información relacionada con los monederos virtuales donde se depositan las recompensas obtenidas con la actividad.
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Gracias a los cruces de información de las áreas especializadas de las Direcciones Generales Impositiva (DGI), de Seguridad Social (DGRSS) y Aduanera (DGA), el organismo determinó los contribuyentes con altos consumos de electricidad y el impacto ambiental real que están generando con sus producciones.
Desde agosto, Castagneto comenzó la gestión a cargo de la AFIP, por lo que desde allí, el organismo realizó sus primeros operativos de fiscalización en granjas de criptomonedas.
Tras lo sucedido, anunciaron que era posible que se realizaran este tipo de inspecciones con mayor regularidad en el futuro, con la finalidad de que aquellos que se dediquen a la minería de criptomonedas tengan en orden todos sus papeles-
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Ahora, AFIP confirmó a iProUP que 3.997 contribuyentes fueron notificados por el organismo por operaciones en monederos sin haber declarado la tenencia de esos activos, por lo que el gobierno argentino apunta a disminuir el dinero circulante por un camino paralelo al oficial.
Las revisiones del organismo detectaron maniobras de evasión impositiva en uno de los casos, por lo que procedió con una denuncia penal contra una sociedad dedicada a la criptominería.
La AFIP informó sobre la omisión de pago por 40 millones de pesos argentinos (aproximadamente 132.000 USD), es decir que se encubrían como deudas comerciales, adquisiciones de insumos informáticos destinados al negocio, realizadas con la transferencia de criptomonedas, por lo que los implicados penas de hasta 9 años de prisión.
En Argentina las criptomonedas solamente se encuentran reguladas en las leyes del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Cheque bajo el denominado Impuesto sobre Bienes Personales, que es el tributo que tiene alcance sobre las monedas digitales.
